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Pablo Soto, el héroe de las descargas libres, prohíbe la copia de sus programas
Un aviso al bajarse programas como Manolito advierte que el software está sujeto a derechos de autor y no puede reproducirse sin pagar royalties
Así, por ejemplo, cuando un usuario descarga Manolito, uno de los mejores programas en el mercado para bajarse música, aparece el siguiente mensaje: "El software está protegido por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual, y por tratados internacionales. Reconoce que no se le transfiere ningún derecho derivado de la propiedad intelectual de este software. También reconoce que todos los derechos de propiedad relacionados con el software seguirán siendo propiedad exclusiva de MP2P Technologies. [...] El usuario tendrá derecho a 1 (una) copia de software para su uso en 1 (un) dispositivo informático. El usuario podrá, sin embargo, hacer 1 (una) copia adicional del software sólo con objeto de ser una copia de seguridad. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, volver a distribuir los componentes ejecutables, ni partes de los mismos ni para su uso exclusivo íntegro dependiente de su propio software. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, volver a distribuir el software como anteriormente se menciona sin abonar los royalties correspondientes a MP2P Technologies".
Es decir, que el héroe de las descargas libres prohíbe taxativamente la copia de su propio programa, e insta a pagar los derechos de autor a su empresa en caso de copia. ¿Nos llevarían a juicio los abogados de Soto -David Bravo y Javier de la Cueva- si colgamos el código fuente de Manolito en Internet?
Y como este tema se ha convertido en un asunto de militancia, es preciso puntualizar que los abogados de Soto han vetado a EL PAÍS por considerarle un medio hostil tras publicar la primera sentencia penal en España -aceptada por el acusado- en la que se condenaba al propietario de la web Infopsp por facilitar enlaces para descargas por Internet, y que destacados defensores de la SGAE, como el presentador Gran Wyoming, han acusado a EL PAÍS de realizar una campaña contra la sociedad de gestión de derechos y contra los legítimos derechos de los creadores.